Simona Levi es conocida como activista por los derechos digitales siendo iniciadora de proyectos como Xnet (Instituto para la digitalización democrática y los derechos digitales). Es divulgadora habitual en medios y asesora de múltiples organizaciones ciudadanas e instituciones, entre ellas, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, y la Dirección de Sociedad Digital y la Dirección General de Administración Digital de la Generalitat de Catalunya.
Recientemente, ha liderado el desarrollo de un plan de digitalización democrática de la educación, primero para el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Barcelona, que posteriormente ha llegado también a las instituciones europeas. También ha publicado el libro ‘Digitalización democrática. Soberanía digital para las personas’, donde reflexiona sobre el uso cotidiano que hacemos de la tecnología, sobre cuáles son las carencias institucionales en el momento de dar el salto tecnológico, y dar herramientas digitales clave par una digitalización más democrática.
Simona Levi. Fotógrafo: Jordi Borràs para ‘Revolució 4.0’.
Desconocimiento o miedo: ¿somos suficientemente conscientes de nuestros derechos digitales?
Creo que las personas, sobre todo después del Covid-19, momento en el cual nos dimos cuenta de que nos podían rastrear por ejemplo nuestros movimientos, cada vez somos más conscientes de la derivada de la privacidad online y de otros derechos digitales. Pero, en cualquier caso, el hecho de que la gente no sea suficientemente consciente de ello no excusa a las instituciones encargadas de defender nuestros derechos digitales o de promover una digitalización que sea democrática.
Que la sociedad, no en su globalidad, no conozca sus derechos digitales porque cada persona se ocupa de cosas diferentes no exculpa la dejadez de funciones de las instituciones para hacer un trabajo que no sea simplemente una digitalización sin atención crítica a sus consecuencias y completamente en manos de quien mejor venda tecnología digital. Quien tiene que ser responsable y tener conciencia de nuestros derechos digitales son las instituciones, que se tienen que encargar de ello mucho más que la ciudadanía.
¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance para un consumo seguro en el entorno digital?
Tenemos que huir de esta moda de cambiar tecnología, de artilugios diferentes que surgen constantemente, porque las cosas básicas que necesitamos en nuestra vida cotidiana digital son: correo, nube, documento online, chats. Y después otras cosas en función de las necesidades de cada actividad.
En primer lugar, la característica principal para que un software pueda ser democrático es poder auditar su código para ver qué procedimientos realmente lleva a cabo, por la cual cosa siempre tendríamos que escoger software libre. Es verdad que, por culpa de la desatención institucional, el software libre tiene todas las características que necesitamos, pero a veces es difícilmente accesible para todo el mundo. Es por ello que en el libro ‘Digitalización democrática’ estamos pidiendo que sea la institución quien priorice y permita mejorar la usabilidad de las herramientas con software libre para que el código pueda ser auditado. Tenemos todo el código auditable necesario para funcionar en un entorno en el cual estamos en control.
Por otro lado, tenemos que usar almacenamiento soberano, que quiere decir que tenemos que poder entrar en el servidor y ver si están allí los documentos, si los queremos borrar, si los hemos borrado, cómo se ordenan, cómo se usan. Tenemos que tener herramientas digitales, software soberano y nube o almacenamiento soberano.
¿Cómo podemos llega a la soberanía digital?
La soberanía digital es cuando controlamos los datos y los contenidos que generamos. Y es por este motivo que necesitamos nubes o almacenamiento de material que generamos que sean accesibles a nosotros, que somos quienes generamos estos datos y este contendido. Y accesible quiere decir que no tenemos que decir a un tercero «bórranos esto», sino que tenemos que poder entrar y poderlo borrar nosotros mismos. Y necesitamos también un software soberano, es decir, libre en el sentido de que tiene que poder ser auditable con un código no oculto, sino auditable por cualquier persona. Tiene que estar en abierto y ser transparente para poder asegurarnos de que el procedimiento que se aplica es realmente respetuoso con los derechos que tenemos garantizados por ley. Y esto también es igual para los algoritmos.
¿Cómo podemos recuperar Internet como un espacio libre y democrático?
Internet sigue siendo un espacio libre y neutral como infraestructura. Ahora bien, grandes espacios, sobre todo de la administración y de los servicios públicos, se han cedido a las «Big Tech», actores monopolísticos privados, y esto pasa principalmente porque nuestras instituciones les han entregado todo este espacio para digitalizar. Nuestras instituciones podrían elegir crear una digitalización, porque el código para hacerlo ya existe, que permita la creación de un ecosistema sólido proveedor de servicios digitales más locales, por ejemplo del tercer sector, en vez de librar todos los fondos públicos y la licitación pública a grandísimas empresas o multinacionales que hacen una pauperización total del ecosistema empresarial de nuestra sociedad.
¿Es posible una digitalización democrática en el tercer sector social? ¿Qué recursos son necesarios en colectivos en situación de vulnerabilidad?
Ciertamente, es posible una digitalización democrática del tercer sector porque hay empresas que ya se están ocupando de que el tercer sector pueda tener una digitalización soberana sin tener que pasar por las «Big Tech». Se trata de informarse, buscar y tener la voluntad y esto está pasando en el tercer sector y en cualquier otro sector, sobre todo en aquellos que pueden ser perseguidos y que tienen que priorizar que los contenidos y la información que generan no se difundan y no acaben en manos de represores, gobiernos autoritarios, etc.
Creo que el tercer sector, esforzándose para conocer estas opciones, puede liderar en este sentido. Además, tiene que exigir a las instituciones que la licitación pública sea una licitación que respete la ley. Como explico en el libro, en el capítulo de la viabilidad económica de una digitalización democrática, las instituciones no están respetando la ley cuando ceden toda la digitalización a grandes empresas en contrato que son inalcanzables para el tercer sector. El tercer sector tendría que reivindicar sus derechos y, para hacerlo, puede contar cien por cien con Xnet.
