La pandemia nos ha mostrado la cara más amarga de la pobreza, la exclusión y las desigualdades a través de muchas formas. La pérdida de trabajo ha implicado la pérdida de ingresos para afrontar necesidades tan básicas como la alimentación, la vivienda o el pago de las facturas energéticas y la precariedad que muchas familias ya vivían se ha evidenciado también con mucha fuerza mediante otro factor de exclusión, el de la brecha digital.
Durante estos meses, las entidades sociales han visto de cerca como niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente durante el confinamiento, han quedado desconectados de las tareas de los centros educativos porque no tienen dispositivos electrónicos, porque en su casa no hay posibilidades económicas para disponer de una buena conectividad o porque sus padres y madres no tienen las habilidades tecnológicas necesarias para acompañarlos. La consellería de Educación ha cifrado en 55.000 familias las que presentan dificultades para seguir una educación telemática por la falta de un ordenador o conexión, entre otros motivos (Departamento de Educación, abril 2020). El tercer sector también ha estado testigo de las incontables dificultades en la hora de tramitar la solicitud del ingreso mínimo vital, personas en una situación de emergencia social que se han encontrado ante una administración prácticamente 100% electrónica que ha obviado la fractura digital existente.
Si antes de la pandemia la lucha contra la brecha digital ya era un reto, ahora todavía lo es más porque la Covid-19 ha agravado estas desigualdades y, además, ha acelerado el proceso de digitalización en ámbitos capitales de nuestro día a día, el trabajo, los trámites con la Administración, la salud, la participación ciudadana o las relaciones sociales. Es en este contexto que el debate sobre si internet es un derecho fundamental que hay que garantizar toma relevancia. Actualmente, hay tres posturas diferentes sobre el reconocimiento de internet como derecho: la que no considera internet como derecho fundamental porque no constituye un derecho humano en sí mismo; la que cree que sí que lo es, pero que es un derecho instrumental sin el cual no se puede acceder a otros derechos humanos ya reconocidos y la que defiende que es un derecho fundamental sustantivo porque muchas de las actividades de la sociedad y muchos derechos económicos, sociales y culturales no se pueden desarrollar sin la red y que, por lo tanto, hace falta que este sea exigido y garantizado.
En Europa, varios países han sido pioneros y proactivos a la hora de abordar el derecho a internet, es el caso de Estonia, Francia y Finlandia. Estonia es el primer país del mundo que ha declarado el acceso a internet como un derecho humano básico y ha desarrollado toda una serie de medidas porque sea un servicio universal, accesible para todo el mundo independientemente de la localización geográfica y con un precio uniforme. En Francia, en 2009 el Consejo Constitucional hizo un primer paso para asegurar el derecho de acceso a internet como un derecho fundamental y declaró que cortar la conexión a internet es una restricción inconstitucional del derecho a la libertad de expresión y comunicación. Y en Finlandia, el 2010 entró en vigor una ley que reconoce el acceso a internet a través de la banda ancha como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, el que obliga las operadoras a proporcionar una conexión de alta calidad y a un precio razonable, con una velocidad de descarga de al menos un megabit por segundo.
Teniendo en cuenta lo que están haciendo otros países europeos, ¿qué tenemos que hacer en Cataluña? ¿Hay que garantizar internet para todo el mundo, como derecho instrumental o sustantivo? ¿Y qué papel tienen que tener agentes clave como las administraciones, las empresas y las mismas entidades del tercer sector social que atienden, acompañan y ofrecen servicios y apoyos a las personas con más dificultades socioeconómicas?
Estas cuestiones se abordan en el m4Social Day, que tiene lugar el próximo 29 de septiembre al Palau Macaya, organizado por m4Social, el proyecto de innovación digital en el ámbito social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En la jornada, personas expertas tratarán sobre los aspectos que pueden tener más incidencia en la vida de las personas que están quedando excluidas de las oportunidades y los adelantos que ofrece la red. También se conocerá la experiencia internacional de Estonia y la de las autoras de una investigación sobre la pobreza de datos en el Reino Unido, además habrá una mesa redonda con representantes de la administración, el sector académico, las empresas de telecomunicaciones y el tercer sector social, agentes que es indispensable que trabajen conjuntamente.
El debate de internet como derecho fundamental es incipiente, pero absolutamente necesario. No tener acceso, no saber hacer un uso o no aprovechar todas las posibilidades que ofrece, tiene un impacto directo en los derechos y libertades. El reto no solo tiene que ser conseguir un acceso universal sino asegurar que este acceso sea digno, igualitario y empodere las personas, poniéndolas en el centro.
