m4Social, el proyecto de innovación digital en el ámbito social de la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña, ha presentado hoy el informe ‘Internet, derecho fundamental: estudio para analizar el marco legal existente y posibles iniciativas en torno a la reclamación del acceso a Internet como derecho fundamental’. El documento, elaborado por el Observatorio DESC y femProcomuns, plantea varias recomendaciones para que las administraciones, la misma Taula del Tercer Sector y el conjunto de las entidades sociales actúen para que el derecho a internet sea efectivo. También propone acciones que fortalezcan el marco legal necesario para que el acceso a Internet sea reconocido como derecho fundamental y, además, repasa como se garantiza este derecho en otros países que son una referencia internacional.
m4Social insiste en la reclamación del reconocimiento de este derecho que considera que es “absolutamente imprescindible” porque tener conexión a Internet condiciona claramente el acceso a otros derechos esenciales, como la educación, el trabajo, la salud, la participación o la relación con las administraciones. Casi un 20% de las personas adultas atendidas por las entidades sociales no puede acceder en Internet siempre que quiere. “En Cataluña y en el Estado español nos tenemos que poner las pilas porque el acceso a Internet sea universal, para todo el mundo sin excepciones. Los ejemplos internacionales tendrían que ser una referencia porque en casa nuestra el acceso en la red sea reconocido como un derecho fundamental, garantizado y exigible” ha reclamado Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.
Entre las diversas propuestas, el informe plantea al gobierno español y a los grupos parlamentarios de las Cortes una reforma de la Constitución para introducir el derecho a Internet como derecho fundamental y crear un plan de capacitación digital para superar la brecha digital. Al ejecutivo catalán que promueva también una campaña que fomente las habilidades TIC y a las administraciones locales que instalen en los municipios la wifi4EU que garantiza la conexión wifi gratuita en lugares públicos, aprovechando el apoyo de este programa de la Unión Europea. En el caso de Barcelona, apunta que podría participar en una propuesta porque la infraestructura pública de fibra que pueda ser utilizada por la red procomún y por las iniciativas sociales y comunitarias.
En cuanto a las propuestas para el tercer sector social, se recomienda que las entidades sociales presionen el Gobierno para conseguir un bono social digital para los hogares en situación vulnerable, modificar normativas en el ámbito catalán para asegurar el derecho de acceso a Internet y impulsar cursos de capacitación digital en los centros de la administración pública (escuelas, centros cívicos y bibliotecas) para los colectivos con más dificultades.
El estudio se ha presentado dentro del m4Social Day, con el lema ‘Internet, derecho fundamental’ donde se ha dado a conocer el caso de Estonia con la ponencia de Hille Hinsberg: «La conectividad es una necesidad. El acceso universal a internet es la base para que ciudadanía, empresas y administraciones participen de una gobernanza democrática. Hace falta que haya una masa crítica con capacidades tecnológicas para acceder a un entorno fiable y de alta velocidad.» Las plataformas para el debate público son las redes sociales pero no son gratuites y suponen un riesgo porque el automatizació y los algoritmos manipulan el contenido. Estonia ha buscado una manera segura de participación y de acceso a servicios, tanto públicos como privados, que no se base en la identificación mediante corporaciones oligárquicas como Facebook o Twitter y han creado la identidad digital sólida. A través de una buena identificación digital la participación ciudadana es mayor porque es más seguro.
A la presentación del estudio de pobreza de datos de Gran Bretaña, Patricia Lucas nos explica que «La gente con menos ingresos tiene menos posibilidades de tener una buena conexión porque no se pueden permitir una conexión de banda ancha. Si tienes menos poder adquisitivo tenso menos acceso a tareas más competitivas. La pobreza de datos es la imposibilidad de acceder a una banda ancha segura, suficiente y privada para cubrir las necesidades esenciales, y 1 de cada 7 personas en Escocia y Gales viven esta realidad.» y Rosa Robinson reclama que: “La investigación muestra que las acciones están limitadas a dar soluciones tecnológicas que incluyen donaciones de dispositivos pero no de datos. Se necesitan más puntos de acceso wifi y precios sociales de banda ancha. También necesitamos más investigación para entender cuál es la escala de esta problemática y para desarrollar soluciones escalables según las dimensiones de la pobreza de datos.»
También ha habido una mesa redonda con representantes de la administración, del sector académico y de empresas de telecomunicaciones y del tercer sector. En este debate, Ricard Faura, jefe del Servicio de Inclusión y Capacitación Digital de la Generalitat de Cataluña ha comentado que «Se ha hablado del potencial de la identidad digital. En Cataluña, se intentó potenciar la identidad digital soberana que permitiría que la ciudadanía tenga capacidad de intervenir y tener sus derechos digitales y su identidad protegida.” y Carina Lopes, directora Digital Future Society Think tank en la Barcelona Mobile World Capital Foundation, ha reclamado que «Tenemos que prestar atención al impacto de la digitalización en los colectivos más vulnerables. Que la realidad sea cada vez más digital mientras no se solventa la brecha digital, aumenta su vulnerabilidad.«
Por parte de la administración, Lluís Torrens, director de Innovación Social al Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado que «La pandemia ha aflorado la brecha digital. La administración tiene que ser proactiva y detectar las necesidades de los colectivos en situación de vulnerabilidad y garantizar conectividad, equipación y capacitación digital.» y por parte de la empresa privada, Julián Vinue, gerente de Innovación Digital y Relaciones Institucionales en Telefónica, ha añadido que “Si la conectividad es el primer factor para acceder al mundo digital, la alfabetización es el segundo y estamos comprometidos para capacitar las personas para las profesiones del futuro. No podemos olvidar la accesibilidad.«
Liliana Arroyo, investigadora en el Instituto de Innovación Social de ESADE, nos explica que “El elemento diferencial clave es entre el uso y la calidad de uso. Hay que garantizar la calidad de uso, es decir, que tengas la capacidad de poder poner las herramientas al servicio de las aspiraciones vitales, con madurez. «Tenemos que garantizar la capacidad pero lo tenemos que exigir? Hay de haber una alternativa analógica hasta que no podemos garantizar el 100% de uso de toda la población porque sino todavía sumamos más vulnerabilidad a estos colectivos. Pienso que la capacitación y el acompañamiento tienen que servir porque el acceso a internet no sea la barrera del siglo XXI. Podemos tener personas que no sean nativos digitales, sino huérfanos digitales«.
En relación al papel del Tercer Sector, Xavier Trabado, representando de m4Social a la Junta Directiva de la Tabla de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña: «Tenemos un gran reto que la informe pose de relevo: ayudar a la sociedad a andar adelante. Tenemos deberes de incidencia política y de legislación y en paralelo, necesitamos una hoja de ruta global y medidas para abordar esta problemática y alfabetizar los colectivos más vulnerables.«
Las conclusiones y recomendaciones que se plantean al informe servirán para que desde m4Social se pueda continuar con la incidencia pública necesaria para conseguir que internet sea reconocido como un derecho universal.
Ya podéis consultar y descargaros el informe.
