Accesibilidad: asegurar el derecho a ejercer la ciudadanía

30 abril 2019

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En la actualidad, tan derechos como deberes ejercen cada vez más de forma conectada a través de las herramientas que la Administración dispone para completar trámites en línea. Cuando tener una discapacidad impide o limita el acceso a estos recursos, se imposibilita que esa persona ejerza su derecho como ciudadano o ciudadana. La Administración incumple entonces con su obligación de respetar los derechos de su ciudadanía y permitir que ejerzan sus deberes, independientemente de su condición.

En el caso de Cataluña, la posición de la Generalitat respecto a la accessibilidad del principal portal de trámites oficiales (gencat.cat), a priori es reconfortante. La web de la Generalitat asegura haberse construido «con el ánimo de facilitar el acceso universal a todas las personas que lo consultan independientemente de sus capacidades, físicas, sensoriales o intelectuales», además de garantizar el acceso en cualquier contexto técnico: velocidad de conexión, tipo de dispositivo, condiciones ambientales, sistema operativo o software. 

Las páginas web de la Generalitat deben cumplir por ley con normas de accesibilidad que se basan en las recomendaciones del Consorcio World Wide Web W3C para eliminar las barreras que dificultan el acceso a la información y la comunicación. Estas recomendaciones se traducen en las pautas de accesibilidad WCAG 2.1, que son referencia en la mayoría de normativas y leyes de accesibilidad europeas y norteamericanas, como por ejemplo la Directiva europea 2016/2102 o el Section 508 de Estados Unidos. . 

Validar les TIC en accessibilitat

Garantizar el acceso a la información y servicios de una web en todo el mundo sin ningún tipo de limitación ni restricción técnica engloba aspectos de diseño, como una estructura de contenidos bien identificada por facilitar la navegación; la lectura de Javascript y CSS habilitada, la inclusión de texto alternativos para permitir la descripción automática de imágenes y otros contenidos gráficos, o la introducción de botones y elementos de control accesibles que acepten la navegación asistida.

La tipología de contenido digital es la que establece los criterios de accesibilidad. Por ejemplo, un texto accesible debe tener en cuenta que la tipografía y el cuerpo del texto sea el adecuado, que el interlineado sea suficiente, teniendo en cuenta el cuerpo de la tipografía, que los párrafos estén bien separados y los colores faciliten la lectura. En cambio, un gráfico o imagen accesible es aquella que es escalable, incluye descripción y utiliza correctamente los colores, entre otros. En cuanto a material audiovisual, como un vídeo, la accesibilidad depende de que se introduzcan transcripciones, audiodescripciones, sea compatible con un reproductor adecuado, etcétera.

Por otra parte, la accesibilidad digital no se limita al ámbito de las páginas web. Las buenas prácticas de accesibilidad en torno nativos de aplicaciones móvil se rigen por las diferentes directrices establecidas por los mismos sistemas operativos: lenguaje comprensible, navegación circular, información auditiva y visual, etiquetado de elementos gráficos de la interfaz, etcétera.

 

m4Social reunió algunas de las buenas prácticas en un documento fruto de las mesas redondas constituidas durante la jornada m4Social Day dedicada a la accessibilidad TIC.

El Gobierno Español, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, mantiene la iniciativa ‘Observatorio de Accesibilidad’ que ha elaborado diversas guías de validación y adaptación a las normas de accesibilidad para diferentes formatos (web, aplicaciones móvil, pdf y documentos ofimáticos, etcétera).

Entre las herramientas que las Administraciones facilitan para los interesados en accesibilidad pública, como la Comunidad de Accesibilidad, hay unas cuantas que pueden ser de interés para todo aquel desarrollador web que quiera hacer accesible su página a cualquier persona. Son útiles los validadores HTML, CSS, pero especialmente el validador WCAG, todo un test de accesibilidad que analiza un sitio web según diferentes parámetros y niveles de conformidad con WCAG (nivel A, nivel AA y AAA).

El compromís públic, a prova

A pesar de la voluntad y las leyes existentes, el propio web del Instituto Nacional de Administración Pública ‘(inap.es) admite que sólo cumple parcialmente con el Real Decreto 1112/2018 que responde a la mencionada directiva europea de accesibilidad y «exige que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público se basen en requisitos comunes de accesibilidad establecidos en el ámbito europeo». Una pequeña muestra de la necesidad que existe en la sensibilización y la adecuación de los trámites en línea abiertos a toda la ciudadanía. 

Garantizar que los trámites online sean accesibles no supone un aumento perceptible de los costes de desarrollo -especialmente si se considera la accesibilidad desde el inicio de un proyecto digital-, pero sí significa dejar de cerrar el paso a una parte de la ciudadanía. Permitir que las personas con discapacidad, con pocos recursos, poca formación o con otras condiciones limitativas, puedan ejercer sus derechos y deberes, también en línea, es doblemente fundamental para la Administración pública. Por un lado, sirve a los intereses de la población y, por otro, predica con el ejemplo para conseguir que toda empresa e institución asegure el acceso y el uso, sin exclusiones.

m4Social y cláusulas de accessibilidad

m4Social, el proyecto de innovación tecnológica de la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, presentó recientemente los resultados del estudio sobre las cláusulas de accesibilidad digital en la contratación pública digital y de nueva tecnología, inquietud que se plantear durante el m4Social Day, celebrado en octubre de 2017 y centrado en el tema de la accesibilidad digital, el estado actual y propuestas para mejorarla. El objetivo general del estudio ha sido el análisis de las cláusulas de accesibilidad digital que se incluyen en las licitaciones públicas de Cataluña, realizando, a su vez, una comparativa con las cláusulas de accesibilidad incorporadas en licitaciones públicas de ‘Estados Unidos y Canadá, países que a menudo son la referencia en esta materia.

En este enlacepuedes volver a ver la presentación, o consultar el estudio aquí::